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España ha sido incluida por primera vez entre los seis países de investigación prioritaria por el comité Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de Estados Unidos. Este comité, creado en 2003 y en el que participan representantes tanto del partido demócrata como republicano, considera que la legislación española “no está cumpliendo los requisitos mínimos exigidos por la Unión Europea para proteger a los propietarios de los derechos de autor en los entornos online”.

España aparece así entre los seis países con mayor índice de piratería provocados por el elavado uso de las redes de intercambio de archivos entre particulaes, junto con Rusia, México, Canadá, Grecias y China.

Este nuevo informe viene a resaltar una situación que ya puso en evidencia la inclusión de España en la Lista 301 hace un mes y medio. Esta lista, creada hace más de 15 años, viene a recopilar los países con mayor índice de ataques contra la propiedad intelectual, y España no había aparecido en ella más que en una única ocasión.

La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, FAP, ha aprovechado esta ocasión para volver hacer pública su petición de un mayor control para proteger los contenidos en Internet. “Nuestra intención es simplemente que se respete la propiedad intelectual, y no tenemos las herramientas para poder proteger nuestros derechos”, ha señalado José Manuel Tourné, director general de FAP.

Esta asociación calcula por los últimos estudios realizados por la consultora GFK sobre 2000 entrevistados que en España hay unos 5 millones de usuarios de redes P2P que realizan unos 242 millones de descargas ilegales, que representan unas cuatro películas de media al mes.

Las observaciones realizadas por Caucus coinciden con muchas de las reivindicaciones que lleva realizando la FAP desde hace años. Por un lado, esta comisión del senado estadounidense asegura que “no se ha materalizado la responsabilidad que tienen los proveedores de servicios de Internet de cooperar con los legitimos propietarios de derechos”, y en segundo se hace una acusación de “descriminalización del uso de rede que de facto supuso la Circular de la Fiscalía del Estados emitida en 2007″.

Críticas a la Fiscalía del Estado

Tourné cree firmemente que estos dos puntos son fundamentales para comprender por qué en España se están disparando los niveles de piratería. “La Circular de la Fiscalía del Estado está considerando las descargas en las redes P2P como copia privada, algo que no compartimos pues la Ley de Propiedad Intelectual dice expresamente que la copia privada nunca puede tener un carácter colectivo”, ha insistido en subrayar Tourné.

Tampoco es de su agrado la interpretación de “ánimo de lucro” que realiza la Fiscalía pues restringe el ánimo de lucro al carácter comercial, cuando en el Tribunal Supremo “se refiere a cualquier ventaja aunque sea la meramente contemplativa”, apunta.

En cuanto a las sentencias de algunos tribunales españoles que han desestimado acusaciones de piratería por considerar que no había ánimo de lucro, y se amparaban en la copia privada, Tourné ha declarado; “No hay una ninguna sentencia que haga referencia a los descargas. La pena es que es muy difícil que ninguno de estos casos llegue al Tribunal Supremo, por lo que no tenemos jurisprudencia”, ha aclarado con rotundidad, al mismo tiempo que hace un llamamiento a la “elaboración de leyes adecuadas”.

Si usas P2P, te corto Internet

La FAP propone que España tome medidas similares a las que acaba de adaptar en Francia, que siguen un modelo de ?respuesta gradual? para la que es fundamental la colaboración de los proveedores de servicios. Primero se avisa al usuario de las redes P2P que está cometiendo un delito; un segundo momento, se le restringe el acceso a los contenidos; y en tercer lugar, si el usuario insiste en realizar descargas, se le corta el acceso a Internet. “En Estados Unidos, el 92% de los ciudadanos abandonan las descargas al recibir el primera aviso”, cuenta el director general de la FAP, quien también critica que para aplicar una medida similar en España se necesita la intervención de una autoridad competente para que la compañía telefónica identifique al propietario de una dirección IP o dicho de otro modo para saber quién está detrás de una determinada conexión de Internet. Tourné se muestra optimista ante una nueva acuerdo de autorregulación que está tratando de establecer el propio sector de las telecomunicaciones para analizar cómo pueden llegar a proteger los contenidos sujetos a propiedad intelectual. Esta es una nueva aproximación después del fracaso de dos años de negociaciones en la comisión creada en el senado que representaba a la industria de los contenidos y las de prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Via: http://www.elpais.com