El Parlamento francés rechazó, contra todo pronóstico, dar luz verde a la controvertida ley para luchar contra la piratería en Internet tras el voto a mano alzada de los diputados de la Asamblea nacional. La medida preveía desconectar, después de tres avisos, a los usuarios que usaran redes P2P para compartir contenidos ilícitos.
El texto, que había sido previamente aprobado en el Senado, fue rechazado en la Cámara baja por 21 votos frente a 15 debido a la ausencia en el hemiciclo de varios diputados de la mayoría gubernamental, la UMP.
El inesperado resultado de la votación provocó que los parlamentarios de izquierda, contrarios a la norma, se levantaran para aplaudir. El tropiezo en la Asamblea obligará al Gobierno a presentar de nuevo el proyecto aunque el Ejecutivo cree que este hecho sólo retrasará la aprobación unas semanas.
El polémico proyecto de ley sobre la defensa de los derechos de autor en Internet pretende luchar contra las descargas ilegales y contempla la desconexión de los piratas de la Red durante un periodo que puede ir de los dos meses a un año.
En esencia, el texto impulsado por el Gobierno crea una Alta Autoridad para la difusión de obras y protección de los derechos en Internet (Hadopi, según sus siglas en francés) que será la encargada de aplicar una “respuesta gradual” a los internautas que realicen descargas ilegales.
El infractor recibirá primero un correo electrónico, luego un segundo correo acompañado de una carta certificada y, en caso de reincidir, una comisión integrada por tres jueces podrá ordenar que se le corte su acceso a internet durante un periodo de entre dos y doce meses.
El ‘pirata’ tendrá la posibilidad de negociar que la suspensión se limite a entre uno y tres meses, pero para que no esquive la sanción simplemente cambiando de compañía el texto contempla la creación de un listado de abonados dados de baja por este motivo.
El dispositivo que crea la Hadopi es el que ha generado un mayor debate durante el proceso legislativo de la ley y todavía el miércoles la comisión mixta paritaria (CMP), formada por siete senadores y diputados mayoritariamente de la UMP, endureció el texto al aprobar una enmienda que obliga al internauta a seguir pagando su abono al proveedor durante el periodo que dure la sanción.
En primera lectura los comunistas se abstuvieron y los socialistas votaron a favor pero el grupo socialista mostró luego su oposición y anunció que recurriría la ley ante el Consejo constitucional basándose en la falta de conformidad con el derecho europeo.
El proyecto gubernamental, negociado con representantes de productores y distribuidores, pretende proteger los derechos de autor al crear un marco jurídico adaptado al desarrollo de la Red, principio que nadie cuestiona.
Pero durante el debate parlamentario han surgido dudas sobre su eficacia y el temor de que, al final, se apruebe un texto que no esté a la altura de los nuevos tiempos que impone la cultura en Internet.
La ministra gala de Cultura, Christine Albanel, rechaza las críticas y las acusaciones lanzadas desde la oposición, que habla de un texto que atenta contra las libertades.
