La operadora belga Scarlet ha comunicado a un tribunal de dicho país la imposibilidad técnica de bloquear el intercambio de P2P ilegales.
El tribunal le impuso a mediados de 2007 la orden de detener el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor a través de redes P2P.
Según las tesis del tribunal los proveedores de servicios de Internet estaban obligados a bloquear el intercambio ilegal de archivos.
Ante la dificultad de la tarea el juez otorgó un plazo de 6 meses para el cumplimiento de su orden.
Transcurrido ese tiempo la operadora ha comunicado que tras la adopción de medidas como filtrado o bloqueo del tráfico, le es imposible cumplir con el “inviable” veredicto del tribunal.
Según la operadora para cumplir la orden debería quebrantar la ley que prohíbe espiar a sus clientes y advirtió que la sentencia significaba “establecer un gran hermano en Internet y a un control invisible e ilegal de datos personales”.
Ante la imposibilidad ténica la operadora tendrá que pagar 2.500 euros de indemnización por cada día que no pueda detener el tráfico ilícito, al menos hasta un nuevo dictamen del juzgado que no se producirá hasta 2010.
