Hace ya algún tiempo que la RIAA habia  ganado una causa en la que denunciaba a Jammie Thomas por realizar descargar de contenidos protegidos a través del KazAa, y cuya condena consto en una multa por la suma de 222.000 dólares.

Jammie Thomas en consecuencia apeló dicha sanción que finalmente fue desestimada por una juez, ya que según su criterio permitir la descarga de contenidos con copyright no constituye una infracción de los derechos de autor. Lo que constituye una importante sentencia, y mas aun en los EEUU terreno donde las multimillonarias y los derechos del ciudadano son exacervadamente limitados en pos de sus ganancias.  Esto implica que a partir de ahora la RIAA deberá demostrar la transferencia no autorizada de cada una de las canciones por la que quiera demandar.


Se trata de la empresa Cablevision Systems que ha decidido ofrecer wi-fi gratis a todos sus abonados al servicio de TV Cable.

El servicio ya esta activo en las áreas comerciales y de mucho tráfico en Long Island, suburbios de Nueva York del condado de Nassau y partes del condado de Suffolk. El operador de cable tiene más de 2,4 millones de abonados a Internet (más de la mitad de los hogares que tienen sistema de cable)

Con esta medotologia Cablevision probablemente ingresará a competir con las actuales cadenas de servicios de Internet, ya que posee una buena cantidad de abonados al servicio de Cable que indudablemente aderiran al servicio wi-fi.

Esto puede ayudar a Cablevision en su duelo competitivo con Verizon Communications, que ha lanzado una campaña agresiva en Long Island con una avanzada de servicios de vídeo, Internet de alta velocidad y telefonía basada en la fibra óptica.

COMCAST es una operadora estadounidense que había determinado bloquear el tráfico P2P para garantizar la eficiencia de su red, pues bien, el que las hace las paga…

Hoy la Federal Communications Commissio FCC con tres votos a favor y dos en contra ( el presidente Kevin Martin y los Comisarios Michael Copps y Jonathan Adelstein) ha dictado una sentencia histórica en la que remite a la neutralidad de la red para concienciar a COMCAST que la práctica que realiza de bloquear el tráfico P2P incide directamente contra la propia filosofía y derechos de los usuarios de la red..

De este modo Comcast se convierte en el primer proveedor de Internet en ser castigado por violar las normas dictadas por la FCC. Esta sentencia la obligaría a detener el bloqueo del tráfico P2P y dar a conocer al público sus métodos para manipular el tráfico de Internet.

Comcas debera presentar un informe sobre cómo pretende manejar su Red y revelar más información sobre sus prácticas a los clientes. Según el citado diario estadounidense, Comcast no será multada.

Las pruebas de la Associated Press y otros mostraron que Comcast bloquea a los usuarios legales peer-to-peer las transmisiones mediante el envío de señales falsas que cortan la conexión a los usuarios que participan de dichas conexiones.

La decisión de hoy es la respuesta a la investigación que la FCC puso en marcha a consecuencia de una denuncia de Free Press y que de conocimiento público instó a la agencia federal a que el bloqueo que Comcast ejercía hacia los usuarios fuese legalmente levantado.

Josh Silver, director ejecutivo de Free Press, dijo que: “Comcast es la historia de un engaño, que ha mantenido un bloqueo contra los usuarios, de forma descarada, y que lo único que ha conseguido es mostrar un desprecio por la línea de protección al consumidor establecida por la propia FCC.”

España ha sido incluida por primera vez entre los seis países de investigación prioritaria por el comité Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de Estados Unidos. Este comité, creado en 2003 y en el que participan representantes tanto del partido demócrata como republicano, considera que la legislación española “no está cumpliendo los requisitos mínimos exigidos por la Unión Europea para proteger a los propietarios de los derechos de autor en los entornos online”.

España aparece así entre los seis países con mayor índice de piratería provocados por el elavado uso de las redes de intercambio de archivos entre particulaes, junto con Rusia, México, Canadá, Grecias y China.

Este nuevo informe viene a resaltar una situación que ya puso en evidencia la inclusión de España en la Lista 301 hace un mes y medio. Esta lista, creada hace más de 15 años, viene a recopilar los países con mayor índice de ataques contra la propiedad intelectual, y España no había aparecido en ella más que en una única ocasión.

La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, FAP, ha aprovechado esta ocasión para volver hacer pública su petición de un mayor control para proteger los contenidos en Internet. “Nuestra intención es simplemente que se respete la propiedad intelectual, y no tenemos las herramientas para poder proteger nuestros derechos”, ha señalado José Manuel Tourné, director general de FAP.

Esta asociación calcula por los últimos estudios realizados por la consultora GFK sobre 2000 entrevistados que en España hay unos 5 millones de usuarios de redes P2P que realizan unos 242 millones de descargas ilegales, que representan unas cuatro películas de media al mes.

Las observaciones realizadas por Caucus coinciden con muchas de las reivindicaciones que lleva realizando la FAP desde hace años. Por un lado, esta comisión del senado estadounidense asegura que “no se ha materalizado la responsabilidad que tienen los proveedores de servicios de Internet de cooperar con los legitimos propietarios de derechos”, y en segundo se hace una acusación de “descriminalización del uso de rede que de facto supuso la Circular de la Fiscalía del Estados emitida en 2007″.


Críticas a la Fiscalía del Estado



Tourné cree firmemente que estos dos puntos son fundamentales para comprender por qué en España se están disparando los niveles de piratería. “La Circular de la Fiscalía del Estado está considerando las descargas en las redes P2P como copia privada, algo que no compartimos pues la Ley de Propiedad Intelectual dice expresamente que la copia privada nunca puede tener un carácter colectivo”, ha insistido en subrayar Tourné.

Tampoco es de su agrado la interpretación de “ánimo de lucro” que realiza la Fiscalía pues restringe el ánimo de lucro al carácter comercial, cuando en el Tribunal Supremo “se refiere a cualquier ventaja aunque sea la meramente contemplativa”, apunta.

En cuanto a las sentencias de algunos tribunales españoles que han desestimado acusaciones de piratería por considerar que no había ánimo de lucro, y se amparaban en la copia privada, Tourné ha declarado; “No hay una ninguna sentencia que haga referencia a los descargas. La pena es que es muy difícil que ninguno de estos casos llegue al Tribunal Supremo, por lo que no tenemos jurisprudencia”, ha aclarado con rotundidad, al mismo tiempo que hace un llamamiento a la “elaboración de leyes adecuadas”.


Si usas P2P, te corto Internet



La FAP propone que España tome medidas similares a las que acaba de adaptar en Francia, que siguen un modelo de ?respuesta gradual? para la que es fundamental la colaboración de los proveedores de servicios. Primero se avisa al usuario de las redes P2P que está cometiendo un delito; un segundo momento, se le restringe el acceso a los contenidos; y en tercer lugar, si el usuario insiste en realizar descargas, se le corta el acceso a Internet. “En Estados Unidos, el 92% de los ciudadanos abandonan las descargas al recibir el primera aviso”, cuenta el director general de la FAP, quien también critica que para aplicar una medida similar en España se necesita la intervención de una autoridad competente para que la compañía telefónica identifique al propietario de una dirección IP o dicho de otro modo para saber quién está detrás de una determinada conexión de Internet. Tourné se muestra optimista ante una nueva acuerdo de autorregulación que está tratando de establecer el propio sector de las telecomunicaciones para analizar cómo pueden llegar a proteger los contenidos sujetos a propiedad intelectual. Esta es una nueva aproximación después del fracaso de dos años de negociaciones en la comisión creada en el senado que representaba a la industria de los contenidos y las de prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Via: http://www.elpais.com


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